NUEVA ETAPA REIVINDICATIVA PARA NUESTRAS PEDANÍAS BERCIANAS.

NUEVA ETAPA REIVINDICATIVA PARA LAS JUNTAS VECINALES DE EL BIERZO,

Por Xabier Lago Mestre.

falaceibe@yahoo.es

La reforma de la administración local, por parte del Gobierno central, amenazó con la supresión de los llamados entes locales menores y con la eliminación de su carácter de administración pública. Sin embargo, la movilización política y social presionó acertadamente para que el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local fuese modificado en favor de los intereses de las pedanías bercianas. Finalmente nuestras juntas vecinales consiguieron parte de sus objetivos reivindicativos. Seguirán teniendo el carácter jurídico de administraciones públicas locales (disposición transitoria 4ª), por lo que mantendrán la personalidad jurídica propia. Tampoco los ayuntamientos podrán suprimir sus pedanías, para apropiarse de sus bienes públicos, con el pretexto de cumplir con los objetivos fijados en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Sin embargo, las amenazas de disolución de las juntas vecinales perviven en el caso de que éstas “incumplan con el objetivo de estabilidad presupuestaria o con el objetivo de deuda pública (…)” (art. 116 bis), o no presenten sus cuentas económicas anuales (disp. trans. 4ª).

Por otra parte, las Cortes de Castilla y León aprobaron la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio (7/2013). Esta norma resulta criticable al tratar de reordenar las relaciones entre las distintas administraciones públicas de esta Comunidad Autónoma pero ignora el protagonismo debido a los entes locales menores. Por eso nos centramos únicamente en la disposición derogatoria única. En ella se alude a la supresión de disposición adicional sexta de la Ley del Régimen Local de Castilla y León que se refería a que “las funciones de secretaría en las entidades locales menores serán desempeñadas por el secretario del ayuntamiento del municipio a que pertenezcan o por el servicio que con tal fin tenga establecido cada Diputación Provincial (…)”. Esta eliminada exigencia de la presencia del secretario municipal para dar fe de los actos jurídicos de las pedanías ocasionó muchos problemas en el funcionamiento interno de nuestras juntas vecinales. La recuperación de la elección de su propio secretario pedáneo, sin necesidad ahora de la asistencia del secretario municipal, devuelve la autonomía consuetudinaria y refuerza su autogobierno.

Tampoco debemos olvidar que la Junta de Castilla y León aprobó un decreto (33/2013) que regulaba las funciones reservadas a los funcionarios de la administración local con habilitación de carácter estatal en las entidades locales menores. Se trataba de fijar el pago de los servicios prestados por los secretarios municipales a los entes locales menores. Ésta era otra forma más de restringir la autonomía financiera de nuestras juntas vecinales. Este decreto ha dejado de tener sentido ante la comentada supresión de la intervención de los secretarios municipales en los entes locales menores, por dicha Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio.

EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA PEDÁNEA.

Estos descritos ataques legales, directos o indirectos, han servido para que nuestras juntas vecinales de El Bierzo tomen conciencia de que hay que reaccionar. Que las administraciones públicas superiores, estatal o autonómica, dicten normas contra la existencia de los entes locales menores debe motivar una mayor resistencia. En este sentido, tenemos que destacar el papel que deben jugar ciertas administraciones locales en defensa de nuestras juntas vecinales. Nos referimos al Consejo Comarcal de El Bierzo, que aprobó una moción relativa a las juntas vecinales (octubre de 2012) que denunciaba “el atrevimiento de este gobierno echa por tierra cientos de años de lucha  de nuestros pueblos en defensa de sus intereses y su patrimonio a golpe de decreto y merece una respuesta contundente por parte de todos (…)”. Otro tanto ha hecho el ayuntamiento de Ponferrada que ha aprobado recientemente (febrero de 2014) una moción en defensa de la autonomía local, tanto de ayuntamientos como de juntas vecinales, y a favor de plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Dicho todo esto pensamos que los ayuntamientos también tienen su cuota de responsabilidad a la hora de normalizar las relaciones con sus juntas vecinales. Hay que revisar estas relaciones interadministrativas porque son muy mejorables. Los ayuntamientos se aprovechan y también abusan de sus pedanías, de su población a la hora de exigir impuestos locales, o de su territorio cuando se crean nuevas urbanizaciones, polígonos industriales, etc. Pero las juntas vecinales siguen teniendo graves carencias a la hora de obtener recursos económicos suficientes de sus ayuntamientos y ofrecer servicios públicos.

Para resolver mejor parte de esta problemática de las juntas vecinales, por parte de los ayuntamientos, habría que fijar mesas interinstitucionales permanentes. En ellas se debatiría sobre las necesidades de las pedanías, estableciendo las prioridades inversoras y el reparto territorializado de las partidas presupuestarias. Nuestras pedanías precisan de un mayor protagonismo político en los ayuntamientos, situación que no se produce actualmente. Los ayuntamientos bercianos ignoran a sus pedanías para aprovecharse mejor de ellas sin su consentimiento. No se puede entender que las juntas vecinales de Ponferrada sufran la presión urbana, cediendo territorio y población, ante los nuevos barrios y polígonos industriales, sin tener derecho a la delimitación geográfica ni a su propio censo actualizado de habitantes. A título de ejemplo, esto acontece actualmente con las pedanías de Columbrianos y Toral de Merayo.

PREPARANDO LA RESISTENCIA PEDÁNEA.

Ha llegado la hora de reaccionar ante esta peculiar coyuntura política y legislativa. Nuestras juntas vecinales tienen que tomar mayor conciencia de su protagonismo histórico y administrativo. Hay que organizarse mejor, formando nuevas asociaciones de pedanías, tanto regionales como estatales, porque de esta unión saldrá más fuerza común. Y reclamar sus derechos ante las administraciones superiores (estatal, autonómica, comarcal o municipal) sin complejos pretéritos. Sólo de esta manera evitaremos que en futuras reformas del régimen local estatal se produzcan nuevos intentos de supresión de nuestras juntas vecinales.

Nuestros pueblos tienen una oportunidad única para recuperar su desarrollo a través de la explotación adecuada de su patrimonio comunal (montes, fuentes, bosques, brañas, etc). Pero para lograrlo hay que presionar a las administraciones superiores para que faciliten una mejor explotación sostenible. Además, los recursos económicos de nuestras juntas vecinales, provenientes del carbón y la pizarra, están en declive. Otras pedanías sobreviven gracias a la explotación de los aerogeneradores y cotos de caza. Mientras que habría que reclamar por el paso de lineas de alta tensión o tierras anegadas por pantanos. En este sentido también hay que reinventarse con la colaboración de los ayuntamientos.  

En fin, hay que estar mejor preparados y organizados ante coyunturas políticas y económicas desfavorables que retomen el ataque a las juntas vecinales para apropiarse de sus amplios bienes colectivos. La historia nos recuerda que los poderosos ya intentaron hacerse con esos bienes públicos. Así aconteció con los abusos de los señores feudales, las desamortizaciones liberales del siglo XIX o con expolio de  las repoblaciones boscosas por parte del régimen franquista. Aprendamos pues del pasado y del presente para evitar nuevos ataques a nuestros pueblos. 

O Bierzo, febrero de 2014.

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