30 AÑOS DE GOBIERNO COMARCAL BERCIANO.
30 AÑOS DE GOBIERNO COMARCAL BERCIANO.
Por Javier Lago Mestre.
En julio de
1991 se constituyó el primer pleno comarcal y comenzó el nuevo gobierno con una
carencia total de medios personales, materiales y económicos. Por fin El Bierzo
gozaba de cierto grado de autonomía política. Esta concesión descentralizadora
fue fruto de una larga reivindicación berciana, política con partidos
(regional, provincial o comarcal) y acompañada de la movilización social.
La Junta de Castilla y León sintió
esa presión política y social berciana, de ahí que tuviese que conceder un
estatuto de comarcalización. La negociación política no resultó fácil. Se
debatieron varios proyectos de ley, se aprobaron dos leyes comarcales (1991y
2010), y se reconoció la Comarca de El Bierzo en el propio Estatuto de
autonomía de Castilla y León (2007), reforzando así su protección jurídica mediante
ley orgánica aprobada por las Cortes generales.
La Comarca de El Bierzo tuvo que
soportar coyunturas políticas adversas. Recordemos que los partidos de
izquierdas siempre apostaron por una ordenación comarcal generalizada en
Castilla y León. Mientras que el partido popular se decantó por el
reconocimiento de una sola comarca política, la berciana, y el establecimiento
de una ordenación territorial mediante unidades funcionales. Por otra parte, el
leonesismo político y cultural siempre ha visto la autonomía berciana como un
intento de división de la provincia leonesa. Tanto El Bierzo como el pirinaico
Arán han apostado por un procedimiento especial que ha singularizado la
reivindicación política.
El gobierno comarcal berciano se ha
desarrollado con muchas dificultades por la falta de desarrollo sus variadas
competencias (art. 4). Tanto la Diputación leonesa (art. 8) como la Junta de
Castilla y León dilatan la posible cesión, traspaso o delegación de
competencias, alegando el respeto de su autonomía constitucional y la defensa
de su ámbito competencial. Las dinámicas centralistas son seculares y no son
fáciles de cambiar frente a las demandas legítimas del Consejo comarcal.
Las dichas resistencias de la
Diputación leonesa y la Junta de Castilla y León obligan al Consejo comarcal a
administrar sus escasos recursos (personales, materiales y económicos) con unos
restrictivos principios de eficacia y eficiencia. Todos bien sabemos del
trabajo comarcal en diversas áreas, casos de la cooperación (asesoramiento a
entidades locales y pequeñas obras), medio ambiente (medio natural), bienestar
social (protección de menores, drogodependientes…), promoción económica
(turismo, formación, empleo…), atención al ciudadano (registro general), banco
de tierras, etc. Conocemos que hay otros servicios que podrían ser
comarcalizados, como extinción de incendios, recogida y reciclaje de residuos,
urbanismo, recaudación tributos locales, etc.
La falta de autonomía financiera
fuerza al Consejo comarcal a negociar continuamente sus ingresos económicos con
las otras dos administraciones comentadas. De ahí la firma de sucesivos
convenios con la Diputación y la Junta de Castilla y León (años 2003, 2009 y
2020). Además, hay que añadir que la legislación estatal (Ley de haciendas
locales) tampoco favorece la autonomía financiera de las comarcas. Los
problemas económicos han condicionado el desarrollo comarcal en Catalunya,
Aragón y Navarra, incluso en Galicia se suprimieron las fundaciones comarcales,
ejemplo de Valdeorras en 2011.
Es importante señalar que el Consejo
comarcal no puede olvidar la capacidad reivindicativa para mejorar su
autogobierno. Por eso, de cara al futuro hay que demandar la capacidad de
iniciativa legislativa ante las Cortes regionales o el derecho a celebrar
consultas populares. Recordemos que Arán ya tiene reconocidas estas
competencias. Resulta lógico que el idioma gallego posea un uso administrativo
parcial, para lo cual se precisa de un servicio lingüístico comarcal.
Lamentable es que en la Ley de la Comarca no aparezca reconocida nuestra
simbología propia (bandera cruceira, escudo, Diazo, himno…). Y el Consejo
comarcal debe tener su capacidad de establecer relaciones exteriores, como la
firma de convenios de colaboración con instituciones de Galicia.
En la reforma legal de 2010 se ha
reforzado el carácter político y la representación territorial con la Junta de
gobierno y la Asamblea de ediles, además de la división en 6 distritos
electorales. Ahora es conveniente profundizar en la participación ciudadana, con
la elección directa, como medio para alcanzar mayor representatividad
democrática. Otros mecanismos participativos son la iniciativa ciudadana, la
intervención y audiencia digital, las encuestas o las consultas populares.
El Consejo comarcal debe profundizar
en sus relaciones con comarcas vecinas, como Laciana, La Cabrera y Valdeorras. Para
ello será fundamental articular mejor el territorio mediante vías de
comunicación adecuadas. El gobierno comarcal no puede estar condicionado por
una frontera administrativa artificial que nos separa de Galicia. El Consejo
comarcal tiene que ejecutar políticas territoriales abiertas en lo que se
refiere a espacios naturales periféricos (Os Ancares, A Enciña da Lastra y O
Courel), estableciendo intervenciones comunes con Galicia (vías de
comunicación, promoción turística, desarrollo rural sostenible, etc.
La Comarca de El Bierzo es una
institución que permitirá afrontar en mejores condiciones los retos del siglo
XXI (despoblación, subdesarrollo interior, etc). El Consejo comarcal representa
mejor los intereses bercianos ante otras administraciones superiores. Se
favorece también la identidad berciana, como proceso de socialización, y se
refuerza el sentido de pertenencia colectiva. Mientras otras comarcas vecinas sufren
el continuo desarraigo social por su excesiva dependencia exterior. El Bierzo puede
alcanzar un mayor protagonismo institucional y territorial en la llamada región
Sileste. Las pequeñas comarcas periféricas precisan de un centro urbano
intermedio, como Ponferrada, y de una institución territorial más cercana que
las lejanas capitales provinciales.
O BIERZO, XULLO DE 2021.
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