LOS CONVENIOS COMARCALES DE EL BIERZO.

LOS CONVENIOS COMARCALES.

por Javier Lago Mestre.

Colectivo cultural Fala Ceibe do Bierzo

falaceibe@yahoo.es

Las administraciones públicas necesitan colaborar entre ellas para un mejor ejercicio de sus competencias respectivas. Así acontece con el proceso descentralizador en el Consejo Comarcal de El Bierzo. En 2003 la Junta de Castilla y León y nuestro ente comarcal firmaron un Convenio Marco sobre cooperación económica e institucional y desarrollo competencial. Después de tantos años de vigencia va siendo hora de su actualización.

La región de El Bierzo presenta unas peculiaridades geográficas y culturales que hay que tener en cuenta. Este territorio periférico no puede sufrir las consecuencias negativas de los límites fronterizos que fijan las Comunidades Autónomas y el alejamiento de los centros políticos de poder. Por otra parte, las relaciones culturales y lingüísticas con Galicia no se pueden cortar por la aplicación de nuevas políticas culturales castellanizadoras.

El Consejo Comarcal de El Bierzo debería mantener las relaciones históricas con Galicia. De ahí la necesidad de recurrir a fórmulas de colaboración interinstitucional. Pero lo cierto es que la Ley de la Comarca todavía no reconoce la capacidad de fijar relaciones institucionales con Comunidades Autónomas. En este sentido recordamos que Arán, desde la reforma de su Ley de régimen territorial especial (2015), tiene reconocida la capacidad de cooperación con Catalunya, España y Francia (art. 87).

Por todo lo dicho, El Consejo Comarcal de El Bierzo necesita de la intervención de la Junta de Castilla y León para tener relaciones institucionales con la Comunidad Autónoma de Galicia. Esto se regula en el título IV del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Luego cualquier convenio de colaboración debe contar con las tres administraciones públicas para ser legal.

La mejor fórmula jurídica de cooperación entre El Bierzo y Galicia no es el convenio de colaboración porque implica mayor responsabilidad jurídica, tal y como se fija en la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público (2015). De ahí que para la cooperación entre la Junta de Castilla y León y la Xunta de Galicia ya se haya recurrido al protocolo general de colaboración. Es el caso de los protocolos firmados para la promoción de la lengua gallega en el ámbito de la enseñanza de este idioma en El Bierzo y Sanabria (2001 y 2006).

El protocolo permite establecer pautas de orientación política entre las administraciones implicadas. De esta forma, se evitan los fuertes compromisos legales y económicos que acontecen con los convenios. Por eso los textos de los protocolos son de   contenido menos complejo y de interpretación más abierta.

No podemos rematar esta reflexión sobre la colaboración interadministrativa sin demandar una mayor participación ciudadana en la elaboración de estos acuerdos. Las Leyes del Procedimiento Administrativo Común (2015) y de Derechos de los Ciudadanos de Castilla y León (2010) insisten en favorecer el derecho de participación social. La elaboración de esos convenios debería permitir audiencias y consultas a los colectivos afectados por su contenido. Los procesos de negociación política y de deliberación jurídica tienen que abrirse más a la ciudadanía para reforzar su valor democrático.

O Bierzo, marzo de 2018.

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