miércoles, octubre 31, 2012

SI A LAS JUNTAS VECINALES BERCIANAS.



SÍ A LAS JUNTAS VECINALES DE EL BIERZO,

Por Xabier Lago Mestre.
do colectivo berciano Fala Ceibe.

En este grave período de crisis económica se cuestiona incluso la existencia del Sector Público español. Todo el sistema institucional actual es susceptible de reforma, sean las comunidades autónomas, las diputaciones o las juntas vecinales. Pero, mientras que las grandes administraciones regionales o provinciales se fundamentan en la profesionalización bien pagada, en el caso de las pedanías domina el altruismo y la autosuficiencia. Los vecinos y las vecinas de nuestras aldeas y pueblos cuando solicitan ayuda de cualquier tipo acuden primero a su pedáneo por su cercanía y confianza. Estos pequeños núcleos bercianos sufren la despoblación y cuentan con una población envejecida, olvidada por las administraciones públicas superiores. En este sentido recuerden la supresión de consultorios locales, cierre de escuelas rurales, la desaparición del transporte a la demanda, etc.

La amenaza de supresión de las juntas vecinales por parte del Gobierno central parece  una medida propagandista con segundas intenciones ocultas. Nos referimos a que esa discrecional medida carece de fundamentos económico, jurídico y político adecuados.  Los llamados también entes locales menores no suponen un gasto excesivo porque se financian con sus propios bienes (venta de madera, arrendamientos de pastos…). Por otra parte, las juntas vecinales son elegidas de manera directa por parte de sus vecinos. Esta peculiar democracia directa merece todo el respeto jurídico, cualquier dinámica política que busque la  eliminación de esta participación ciudadana debe ser cuestionada. El Estado de Derecho debe profundizar en la participación popular en nuestro sistema democrático y no en restringirla. Por cierto ¿a quien beneficia la supresión de las pedanías? a los ayuntamientos que se benefician de sus amplios bienes comunales. Aquí está la estrategia política e institucional que se intenta ocultar.



LAS NUEVAS EXIGENCIAS LEGALES.

Se amenaza a las juntas vecinales bercianas con aumentar los controles legales derivados de las Leyes de Estabilidad Presupuestaria y de Economía Sostenible. Entre estos requisitos jurídicos encontramos la exigencia de eficacia en la prestación de servicios públicos que serán objeto de auditorías que valorarán  distintos estándares de calidad (agua potable, alumbrado público, actividades culturales…). También se pretende demandar una contabilidad pública adecuada, la intervención del gasto o la liquidación de los presupuestos que serán enviados a la Diputación leonesa y al Ministerio de Administraciones Públicas. Se exigirá una mayor transparencia de la actuación de las juntas vecinales, mediante la publicidad adecuada ante sus vecinos de su gestión pública. Por otra parte, según determinan los tribunales, los secretarios municipales deberán estar presentes en las sesiones de las juntas vecinales, en otro caso sus actos serán nulos de pleno derecho.

Estos nuevos requisitos jurídicos a las juntas vecinales bercianas son lógicas exigencias a unas administraciones públicas. Ahora bien, a nadie se le oculta que las pedanías bercianas no tienen recursos, personales, económicos ni técnicos, para cumplir con estas exigencias legales. Luego está muy bien demandar otra dinámica administrativa a las juntas vecinales, pero a la vez hay que darles medios para que puedan cumplir adecuadamente estas obligaciones. Está claro que el Gobierno central no está dispuesto a ayudar a la supervivencia de las juntas vecinales, sólo les exige nuevas obligaciones sin ofrecer ninguna ayuda pública. Esta política centralista en el fondo amenaza con suprimir los entes locales menores que no cumplan con las nuevas imposiciones legales. La desaparición de las juntas vecinales supondrá un nuevo ataque al medio rural y a sus pobladores.



LA NECESARIA RESPUESTA BERCIANA.

 Desde El Bierzo tenemos que reaccionar. En este sentido hay que aprovechar mejor nuestras administraciones territoriales. Nos referimos principalmente al Consejo Comarcal ya que los ayuntamientos rurales carecen de medios para intervenir en este sentido.  La administración comarcal debe ir más allá de la aprobación de un moción contra la supresión de das pedanías bercianas. Se trata de reforzar sus estructuras administrativas de apoyo a las juntas vecinales en sus funciones de secretaría, contabilidad, intervención y presupuestaria. El Consejo Comarcal debería reclamar a la Junta de Castilla y León su ayuda para llevar a cabo este asesoramiento a las juntas vecinales y, a la vez, reclamar mayor coordinación con los ayuntamientos rurales para realizar este trabajo con mayor eficacia y eficiencia. Resulta lamentable que en el proyecto de reforma de la ordenación territorial que pretende la Junta de Castilla y León no se haga ninguna referencia a esta problemática de las juntas vecinales.

O Bierzo, novembro de 2012.
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